"Lo fácil es entrar, lo difícil es salir" TFG analiza la incidencia de la intervención estatal en las mujeres privadas de libertad por delitos vinculados al tráfico ilícito de drogas

 

28 de junio de 2018

 

Por Pablo Artavia*


- Sustentantes: Francia Charpentier Alvarado y Rocío Martínez Almanza

- La investigación se hizo en el Centro de Atención Institucional Vilma Curling Rivera


La población de mujeres que se encuentra en privación de libertad ha aumentado en los últimos años, de igual manera, el porcentaje que ingresa en los centros penitenciarios por causas relacionadas con drogas. Datos del Centro de Atención Institucional Vilma Curling Rivera develan que para el año 2015, un 60% de la población descontaba penas por delitos de este tipo, incrementando a un 67% para el 2018.

Desde el trabajo realizado por las investigadoras se denota que, la direccionalidad en las acciones y esfuerzos del Estado no muestra señales de apostar por otro rumbo al que históricamente ha predominado. Además, el enfoque y paradigma prohibicionista en las políticas de seguridad, continúa vigente.



La investigación realizada por Francia Charpentier Alvarado y Rocío Martínez Almanza, centró su atención en la incidencia de la intervención estatal en las mujeres privadas de libertad por el tráfico ilícito de drogas en el centro antes señalado. Las sustentantes realizaron siete entrevistas a mujeres privadas de libertad, a través de las cuales determinaron como la acción del Estado incide sus condiciones de vida.

A partir de las entrevistas realizadas se determinó que, más allá de las acciones del Estado, es en realidad, la ausencia de la intervención estatal la que tiene mayor impacto en la vida de estas personas. En este sentido, la profesora Ana Cajiao Arce (quien acompañó el proceso como lectora) afirma que la tesis torna evidente aspectos que usualmente se presumen pero poco se investiga.

Asimismo, la profesora recupera lo innovador de este trabajo, indicando que es poder conocer la incidencia de la política pública en las mujeres, así como la metodología empleada, ya que si bien se efectúa un estudio y análisis riguroso de la política, no se deja de lado la vivencia y percepciones de las personas que se encuentran en el sistema penitenciario.

Son estas vivencias las que dan cuentas de cómo la desigualdad y exclusión social, así como la violencia estructural, influyen en la vida de las personas y aumentan las situaciones de vulnerabilización social, lo cual tiene efectos sobre el ingreso de las mismas en algún centro penitenciario. Las autoras de esta investigación parten de este enfoque (y lo reafirman durante el proceso) para comprender el contexto en el cuál se desenvuelven las mujeres.

Las personas que fueron entrevistadas, cotejaron que en alguna medida o por completo, eran privadas del acceso a alguna o varias de sus necesidades básicas, tomando como ejemplo la educación, la salud y la vivienda. Además, otro dato que resaltan las investigadoras es que, hasta el momento en el cual las personas ingresan a la cárcel se le validan estos derechos que antes eran violentados.

Relacionado a esto, la profesora Cajiao rescata que la investigación hace un aporte valioso al comprobar que en la mayoría de las personas no existe “el efecto disuasivo de la cárcel”, es decir, que el miedo de ingresar a la cárcel no es un factor mediador en la decisión de cometer un acto ilegal. En sí, la institucionalidad no es lo que genera preocupación sino más bien, las demás personas que se encuentran privadas de libertad dentro de estos centros.

Otro dato a considerar es que, seis de las siete mujeres entrevistadas tiene relación con personas que se encuentran o estuvieron en alguna cárcel. Aspecto que resalta la profesora, ya que permite evidenciar los efectos de la prisionalización en las personas cercanas y en las comunidades a las cuales pertenecen aquellas que son ingresadas en estos centros. Esto aporta insumos en la discusión sobre la desigualdad social dentro de las comunidades donde el Estado no tiene mayor actividad salvo las acciones de carácter punitivo.

Por otro lado, Charpentier y Martínez destacan la categoría de género para darle mayor amplitud a la compresión de su estudio. En este sentido, hablan del sistema patriarcal y su impacto a partir de la violencia de género y los mandatos adjudicados a las mujeres como un detonante para que ellas participen del tráfico ilícito de drogas, siendo utilizadas para ingresar estas sustancias a los centros penitenciarios o participando como uno de los eslabones de menor rango en la cadena de alguna red de narcotráfico.

Sin embargo, Martínez aclara que “la condición de género es muy importante pero a nivel de Estado se requiere de un compromiso más amplio”, haciendo alusión a los demás factores que inciden en la vida de las personas que se encuentran en privación de libertad. La necesidad de pertenecer a la sociedad de consumo es uno de los ejemplos mencionados por las autoras. Es por esto que, una de las propuestas de este proceso investigativo es la necesidad de modificar la lógica en la que se sustenta el sistema penal y la propia acción del Estado.

Las autoras proponen dejar de lado las políticas y acciones desde el prohibicionismo y darle paso al modelo de reducción de daño. No obstante, este viraje debe trascender el ámbito del consumo que es donde actualmente se concentra este modelo y que, por el contrario, debe relacionarse con otras áreas e incluso participando dentro de otros niveles como lo es la educación. En palabras de Charpentier: “Todo da señales que debe cambiar”.

De igual manera, es preciso sustituir el paradigma de seguridad ciudadana hacia un paradigma de seguridad humana en el cuál se coloque a la persona como el centro de toda acción. La atención gira alrededor de la disminución de la desigualdad social y de esta manera validar que la prevención y garantía en la satisfacción de las necesidades de todas las personas tiene mayor contundencia sobre la delincuencia e inseguridad; por encima de los métodos punitivos.

Sumado a esto, es importante modificar la perspectiva de comprensión del narcotráfico en el país debido a que, como lo muestran Martínez y Charpentier: “El narcotráfico incide con mayor fuerza donde el Estado no tiene mayor intervención”. Este tema debe ser analizado y comprendido desde diversas aristas más allá del delito como tal.

Por último, las investigadores realizan recomendaciones (reafirmadas por la profesora Ana Cajiao) para aquellas personas que desean realizar investigaciones no solo en el área de la justicia. Por un lado, sugieren la importancia de asumir como propios los procesos dentro del estudio de manera que el tiempo de la investigación sea acorde con las exigencias y aspiraciones de quienes lo lideran.

Específicamente para los estudios relacionados con el sistema penal recomiendan que, en la medida de lo posible, tener acercamientos previos a los centros ya sea por medio de prácticas institucionales, Trabajo Comunal Universitario, voluntariados, entre otros, esto para que conozcan a grandes rasgos, la cantidad de trámites que forman parte de la dinámica de los centros. Además, permite tener mayor legitimidad y facilidad para desarrollar los procesos que se aspiren a realizar.

Las autoras afirman que por momentos se presentaban limitaciones que afectaban la fluidez de la investigación y en específico, las entrevistas, pero concuerdan en la importancia de continuar con otras líneas de estudio que aún faltan por conocer. Esto a la luz de la coyuntura actual del país que coloca en el foco de atención (y de crítica por parte de gran porcentaje de la población) las medidas alternativas a la prisión.

*Nota revisada por Daniel González Quesada, Coordinador de la UDETS

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