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TS 2025 Taller V Análisis y diseño de servicios sociales |
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Horario:
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Esta práctica académica se caracteriza por:
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Grupo 1- Master Jennifer Gutiérrez Barboza |
Política Social desde la gestión de los Gobiernos Locales |
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Las Municipalidades en Costa Rica se configuran como entes públicos cuya misión fundamental es la de administrar servicios de interés público local, son entidades estatales con recursos propios y su jurisdicción territorial es el cantón respectivo. En los últimos años, ante el aumento de las manifestaciones de la cuestión social y la creciente insatisfacción de la ciudadanía con respecto a las respuestas que el Estado ha venido dando desde las instituciones centralizadas, se ha colocado en la discusión, el papel que las Municipalidades pueden jugar en la atención de estas manifestaciones y en la movilización de recursos locales y la participación de la ciudadanía. Es así como ha surgido un movimiento en el contexto nacional que le viene otorgando a las Municipalidades una serie de competencias que la facultan para plantearse los problemas más globales de desarrollo económico y social de una localidad. Por lo tanto, la Escuela de Trabajo Social incursiona en el contexto local-municipal como espacio para el análisis de la gestión de la política social y para esto se abordarán los siguientes elementos:
Infografías preparadas por las y los estudiantes del centro de práctica:
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Grupo 2 - MSc. Heilen Díaz Gutiérrez |
Política de Regulación de los Servicios Públicos y Política de Seguridad Social |
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Política de Regulación de los Servicios Públicos |
Política de Seguridad Social |
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El acceso a servicios públicos constituye un aspecto de carácter fundamental para la sociedad, especialmente si se piensa en aquellos cuya naturaleza es vital para el género humano y su reproducción social en condiciones dignas; sirvan de ejemplo el agua, la electricidad y el transporte que representan condiciones indispensables en las actividades cotidianas de las personas. El acceso de calidad a estos servicios públicos se constituye en derechos humanos. El objetivo principal del análisis de esta política se constituye en generar una propuesta de acción del Estado costarricense con el fin de incidir en el diseño de la política de la Regulación de los Servicios Públicos con el propósito de incorporar en su definición de un enfoque de derechos humanos para todas las acciones generadas en materia de esta política, lo anterior para trascender la comprensión tradicional de política pública fragmentada en sus vertientes económica y social, partiendo del impacto que poseen estas decisiones sobre las personas usuarias. Pensar lo que representa la regulación de servicios públicos como el agua, energía y transportes para la población y la satisfacción de sus condiciones de vida, permite identificar la necesidad y la relevancia de analizar el impacto social de la política de regulación, desde una perspectiva teórico-metodológica y ético-política comprometida con los sectores más vulnerables de la población y el reconocimiento de la desigualdad social en la realidad costarricense. Bajo esta lógica se justifica la importancia de comprender y reflexionar, desde las acciones ejercidas por la ARESEP, el impacto de la regulación en la vida cotidiana de las personas del territorio costarricense, y una propuesta para humanizar dicha intervención por medio de la incorporación del enfoque de derechos en la misma. La atención de estos retos requiere de una nueva forma de hacer regulación, y esto implica el cambio de paradigma regulatorio, enfocándose en la implementación de una regulación con propósito y valor público, sustentada en las personas. Esto significa acercar la regulación para todos los actores relevantes del entorno, así como a prestadores y personas usuarias. Para lo anterior se requiere de una regulación flexible y habilitante al cambio tecnológico que procure el acceso a servicios públicos de calidad. Una regulación de esta naturaleza requiere de nuevos mecanismos de diálogo, participación efectiva a partir del acceso a la información bajo criterios de transparencia y objetividad. Para ello se requiere de una institucionalidad innovadora, eficiente, especializada, sensible, por lo que el talento humano de la ARESEP se constituye en el motor para poder cumplir con todo lo propuesto. El actual Plan Estratégico de la ARESEP se estableció como uno de los propósitos principales ubicar a la persona usuaria en el centro de la regulación económica, procurando de esta manera la protección de los derechos, el acceso equitativo a los servicios y la efectiva participación social. El cambio de visión surgió ante el entendimiento que el fin último de la institución es asegurar que las personas reciban un servicio de calidad a una tarifa justa. Es desde está política donde directa e indirectamente el estado genera acciones que impactan la vida de las personas, la competitividad del país, acciones que permiten disminuir brechas de desigualdad de ingreso, alcanzar metas socio ambientales, mejorar la salud de las personas, mejorar las oportunidades de los grupos de personas, disminuir brechas de desigualdad (movilidad urbana, acceso a las tecnologías, etc). En síntesis, el análisis de esta política pública desde el trabajo social y en este caso como objeto de análisis del Taller V: Análisis y Diseño de Servicios Sociales, representa para los y las estudiantes un proceso de aprendizaje interdisciplinario que contribuye a:
Debido a la complejidad de esta política les permitirá ampliar conocimientos en múltiples sectores no tradicionales para el trabajo social: energía, transporte público y movilidad urbana, tecnologías, sostenibilidad ambiental, agua, etc. Pensar desde el trabajo social la política de regulación de servicios públicos como el agua, energía y transportes es pensar acciones para la población y la satisfacción de sus condiciones de vida, permite identificar la necesidad y la relevancia de analizar el impacto social de la política de regulación, desde una perspectiva teórico-metodológica y ético-política comprometida con los sectores más vulnerables de la población y el reconocimiento de la desigualdad social en la realidad costarricense.
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La seguridad social es entendida y aceptada como un derecho que le asiste a toda persona para asegurarle acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. Sin embargo, en realidad sólo una pequeña proporción de la gente en nuestro planeta disfruta de ésta. Definida en términos generales como un sistema basado en cotizaciones que garantiza la protección de la salud, las pensiones y el desempleo, así como las prestaciones sociales financiadas mediante impuestos, la seguridad social se ha convertido en un reto universal en un mundo globalizado. El derecho a la seguridad se comprende como parte de las acciones del Estado en pro de fomentar la igualdad y la atención de las necesidades de la población desde un esquema solidario. De manera más clara se puede comprender que "El Estado social desarrolla una política de solidaridad ("interviene") en las más diversas materias (Economía, Fiscalidad, Educación, Vivienda, Salud, etc.), que extiende las clásicas funciones (tareas) de todo Estado y que toma como punto de referencia la situación de la población, o de la sociedad, y que se apoya en una idea de Solidaridad Social, como instrumento de igualdad, o de un concepto de Justicia Social." (Vida Soria et al., 2005, p.21). Es así como la seguridad social y el fomento de la misma es parte de la intervención del Estado mediante un sistema solidario que fomenta la atención de las necesidades desde las posibilidades de cada persona. La seguridad social está directamente relacionada a la igualdad y a la equidad, y por tanto a la justicia social, por lo que podría visualizarse también como un sistema que se acoge con el fin de brindar un respaldo o previsión de riesgos a las personas, bajo ciertas determinaciones o condicionamientos que son establecidos a nivel normativo. En el marco del capitalismo, la Seguridad Social, en todos los países es una categoría de fundamental importancia, pero tiene diferencias en su configuración. La institucionalidad de la seguridad social en los países se estructura en base a la organización social del trabajo. Dada la incapacidad que tiene el modelo de producción capitalista de asegurar trabajo para todas las personas trabajadoras, la seguridad social asume la función de garantizar derechos derivados del trabajo para las personas que perdieran momentánea o permanentemente su capacidad de laborar. Históricamente, el acceso al trabajo siempre fue condicionado para asegurar el acceso a la seguridad social, pero está ha evolucionado y ahora se han incorporado muchas personas que no están empleadas y que también tienen acceso a la seguridad social. Los sistemas de seguridad social sostienen los derechos de la sanidad social ; el principio es garantizar protección, a veces exclusivamente, o bien prioritariamente, a la persona trabajadora y a su familia. Es un tipo de protección limitada, que garantiza derechos sólo a la persona que está inserta en el mercado de trabajo o a aquel que contribuye mensualmente para la seguridad social. En esta lógica, sólo tiene acceso a los derechos de la seguridad social los llamados "asegurados" y sus dependientes, pues estos derechos (jubilaciones, pensiones, auxilio enfermedad, salario maternidad, asistencia médica), son entendidos como derechos que se desprenden del derecho del trabajo, destinándose sólo a aquellos insertos en relaciones formales y estables de trabajo o que contribuyan como asegurados especiales. Estas son las características de la salud social en Costa Rica, que mantiene jubilaciones, pensiones, salario familia, auxilio enfermedad y otros beneficios, sólo para aquellos que contribuyen. Esta lógica impone un límite estructural para la seguridad social, pues deriva y depende de la constitución del mercado de trabajo. En Costa Rica contamos con un modelo que universaliza los derechos sociales. Esa universalización es constituida por políticas que incorporan tanto elementos del seguro, como de la asistencia social. Mientras más diluidas y mezcladas sean estas, mayor será la posibilidad de universalización de la seguridad social. Esta se constituye en una política universal de amplio alcance por lo que su análisis resulta de fundamental importancia para el Trabajo Social, no solo porque históricamente es una de las políticas sociales que más emplean trabajadoras y trabajadores sociales, sino que por su naturaleza de universalidad determinan las condiciones de vida de todas las personas. En síntesis, el análisis de esta política pública desde el trabajo social y en este caso como objeto de análisis del Taller V: Análisis y Diseño de Servicios Sociales, representa para los y las estudiantes un proceso de aprendizaje interdisciplinario que contribuye a:
Debido a la complejidad de esta política y su carácter de universalidad les permitirá articular acciones y conocer múltiples actores institucionales que conforman el sector de seguridad social. |
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Videos elaborados por estudiantes de estos centros de práctica: VIDEO 1: Empleabilidad en mujeres con discapacidad VIDEO 2: Seguridad Social y población adulta mayor VIDEO 3: Política Social y aseguramiento
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Grupo 3 - Mag. Andrea Morales Mata |
Política de Responsabilidad Social |
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La Responsabilidad Social y la Sostenibilidad son modelos de gestión organizacional que para algunos actores pueden ser denominados como poco tradicionales desde el Trabajo Social, sin embargo, para el contexto costarricense e internacional, se trata de espacios innovadores y cada vez de mayor aprensión desde la empresa privada, la institucionalidad pública y las organizaciones no gubernamentales. La RS conceptualmente está en constante evolución, así también la sostenibilidad. Uno de los más aceptados conceptos de RS refiere a la responsabilidad de las personas, comunidades y organizaciones por sus impactos en la sociedad. Toda empresa y entidad pública, por el simple hecho de existir tiene impactos sociales, ambientales y económicos. Es decir, deja una huella. El objetivo de la RS es minimizar, reducir o eliminar los impactos negativos, maximizando los positivos en busca de garantizar su transcendencia en el tiempo. El país es pionero a nivel regional en la implementación de la RS, no solo a nivel de adopción empresarial, donde es una estrategia conocida sino también ampliamente desarrollada. En junio de 2017, el país lanza lo que es la segunda Política Pública de promoción RS a nivel latinoamericano, desarrollada a partir de un proceso participativo y con la cooperación de países europeos. El Gobierno de Costa Rica con la aprobado la Política Nacional de Responsabilidad Social, la cual tiene por objetivo principal promover un enfoque de gestión responsable y sostenible entre las empresas públicas, privadas y organizaciones de la administración pública, así como entidades de la sociedad civil adopta una posición de liderazgo en la promoción del tema. La iniciativa busca generar sinergias entre los diferentes actores del desarrollo, así como involucrar y sensibilizar a la población sobre su importancia. De esta manera el Estado asume un papel en la promoción y fomento de la RS que anteriormente no mantenía. "Las líneas que históricamente han separado a lo público de lo privado, dichosamente se han ido desdibujando y ahora podemos visibilizar el enorme potencial de las áreas que tenemos para trabajar en conjunto de cara a un desarrollo nacional responsable, sostenible, e inclusivo. Por ello, desde la Administración Solís Rivera promovimos la implementación de esta Política Nacional de Responsabilidad Social, porque pretendemos trabajar de la mano del sector privado para avanzar juntos en una ruta que es de todas y todos", comentó Ana Helena Chacón Echeverría, vicepresidenta de la República durante el lanzamiento de la política. Dicha Política, está compuesta por siete ejes que cubren cada uno de los aspectos que contempla la RS, que va desde su promoción para conseguir organizaciones más sostenibles, la transparencia y el buen gobierno, la gestión responsable de las personas, la educación, el respeto por el medio ambiente hasta el consumo responsable, la relación con los proveedores en la cadena de valor, la inversión socialmente responsable o la Responsabilidad Social en las relaciones exteriores de Costa Rica, los cuales, están estrechamente vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los ODS, que son ampliamente empleados en la RS, son una iniciativa impulsada por Naciones Unidas para dar continuidad a la agenda de desarrollo tras los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que han sido ampliamente adoptados como indicadores de desempeño para los gobiernos en relación al resultado de la implementación de políticas públicas. Son 17 objetivos y 169 metas propuestos como continuación de los ODM incluyendo nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia, entre otras prioridades. Tras un proceso de negociación sobre los ODS que involucró a 193 estados miembros, en septiembre de 2015, se aprobaron. |
Conocer y analizar este tipo de espacios no tradicionales, facilita la comprensión de las acciones empresariales en estos temas, así como identificar la orientación estratégica seleccionada por entidades públicas y la evaluación de aliados o patrocinadores de entidades del tercer sector. La importancia del manejo de espacios no tradicionales en aras de facilitar futuros procesos de gestión social, así también como por conocimiento general de un tema que tiene cada vez mayor incursión. Máxime en entornos de incorporación laboral cada vez más complejos y deteriorados, aunados a la precarización laboral. Esta alternativa representa un reto académico en el sentido de innovar en un espacio no tradicional, de acercarse desde un análisis crítico a una Política Pública de reciente incorporación a nivel nacional y ante todo una oportunidad para que desde la profesión de Trabajo Social se participe con mayor proactividad en la comprensión e implementación de este modelo de gestión con un alto nivel de ética en el proceso y desde un enfoque de derechos humanos.
Video: Hablemos de Responsabilidad Social |
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Grupo 4 - Mag. Hania Naranjo Córdoba |
Política Nacional de Sexualidad 2010-2021 y Política para la Igualdad Efectiva entre hombres y mujeres (2018-2030) |
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Política para la Igualdad Efectiva entre hombres y mujeres 2018-2030 |
Política Nacional de Sexualidad 2010-2021 |
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La PIEG 2018-2030 nace a partir de un proceso reflexivo entre diversos actores sociales sobre los alcances, limitaciones, aciertos y desaciertos de la Política de Igualdad y Equidad de Género 2007-2017, así como de sus planes de acción, que vislumbra una serie de desafíos para el país relacionados con la disminución de brechas entre géneros en Costa Rica en diversos campos: empleo, salud, violencia contra las mujeres, participación política, salud sexual y reproductiva, pobreza, sector rural, personas con discapacidad y cambio climático. Además, esta política responde a los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica en materia de derechos de las mujeres, amparados en diversos instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1984) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como regulaciones nacionales que enmarcan y regulan el quehacer del país para la igualdad efectiva entre géneros, tomando en consideración los enfoques de derechos humanos, igualdad de género, interseccional y de desarrollo humano sostenible. La PIEG plantea la articulación entre las instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil que coadyuven al desarrollo de acciones concretas que faciliten el cumplimiento de los cuatro ejes estratégicos planteados:
Cada uno de estos ejes implica el desarrollo de acciones públicas desde la no discriminación y la igualdad efectiva en ámbitos como el empleo, la salud y la educación de las mujeres, entre otros. Indiscutiblemente, el análisis de la política pública desde el Trabajo Social permitirá al estudiantado:
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La Política Nacional de Sexualidad es el resultado de la conformación social y organización ciudadana de diversas poblaciones que lucharon por la necesidad de contar con un instrumento que respalde y garantice el derecho a una sexualidad integral en el marco de los Derechos Humanos. Así mismo se orienta a abordar los nudos críticos que históricamente han prevalecido entorno a la sexualidad, tales como:
Este instrumento político define la sexualidad como parte integral de todas las personas vinculada con lo biológico, lo emocional y lo social. Reconoce el derecho de toda persona a vivir y disfrutar una sexualidad segura y corresponsable, contemplando el respeto y consentimiento de las partes involucradas, con el fin de que esté libre de violencia, manipulación y coerción. La Política de Sexualidad se sustenta en los Enfoques de: Derechos Humanos, género y diversidades. Reconociendo de los derechos y necesidades de todos y todas las habitantes sin distinción. Su campo de acción se relaciona con:
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© Escuela de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica - Teléfono 2511-5007. Última actualización: Febrero 2020